Estupor en las sociedades musicales

Redacción editorial

22-6-2017 22:23h


Un requerimiento de la Inspección de Trabajo ha desatado la indignación y el estupor en las sociedades musicales. Sin embargo, no ha sido una sorpresa para la cúpula dirigente del colectivo de bandas



Un requerimiento de la Inspección de Trabajo ha desatado la indignación y el estupor en las sociedades musicales. Sin embargo, no ha sido una sorpresa para la cúpula dirigente del colectivo de bandas. Ya venían desde hace tiempo llegando a sus sedes rumores de tentáculos cargados de amenazas extemporáneas, como verán en la información que publicamos en este periódico. La Inspección de Trabajo es un ente del Estado que pretende vigilar, proteger y, en su caso perseguir, las infracciones que las empresas, corporaciones privadas y entidades pudieran cometer en el ámbito de la contratación de trabajadores y sus afiliaciones a la Seguridad Social. Su actuación debe de ser acorde a ley, mesurada y proporcionada, y sus funcionarios responsables deben de medir, evaluar y reflexionar sobre los efectos de sus actos, por cuanto en el ideario ciudadano cualquier “inspección” se convierte en una sospecha, y cualquier requerimiento, en la percepción de que está siendo perseguido y acosado por algo de lo que no hay pruebas reales de haberse cometido.


La Inspección Provincial de Valencia remitió un “requerimiento general” a la mayoría de las sociedades musicales de manera indiscriminada y sin mediar denuncia ni constatación veraz de que había una infracción generalizada. La gravedad de esta actuación se manifiesta de dos maneras: convertir a todas las sociedades musicales en reos de sospecha, en primer lugar;  y crear alarma social entre un colectivo que, recordamos, está compuesto por entidades asociativas sin ánimo de lucro. La actuación de la inspección es, por lo tanto, desproporcionada, induce a confusión y, sobre todo, es generalizada; como si todos fueran infractores. Tal vez sea legal lo que se ha hecho, y tal vez, como en todo colectivo, se establezcan excepciones, pero no por tirar la caña en todos los ríos se va a pescar más. Cuando un funcionario público se dirige a un colectivo no lo puede hacer con un requerimiento que contiene en sí mismo la sospecha y la amenaza. La amenaza no se puede sustentar en la sospecha. Al funcionario público se le exige ser riguroso y selectivo. Debe de actuar desde la mesura de los estragos que, como en este caso, produce en el entorno de los requeridos: los socios, los integrantes de los conjuntos musicales, los dirigentes, la población de su entorno, los dirigentes municipales que les ayudan a sustentarlo. Provocar incertezas no es la forma adecuada de perseguir el fraude. Las sociedades musicales son entidades, algunas, con casi dos siglos de antigüedad que han sobrevivido a los altibajos de la historia y a los corsés de las crisis, pero han sobrevivido. Nacen del pueblo y fomentan altruistamente una actividad cultural que genera identidad y valoración social. El principio de proporcionalidad administrativa y legal implica que las medidas que se adopten deben de ser aptas para alcanzar los fines que la justifican. Y se deben de hacer produciendo la menor o nula injerencia. Por lo tanto debe de existir un previo juicio de ponderación para evitar que en el aviso exista ningún rasgo coactivo, pues el derecho fundamental podría verse alterado. Son principios básicos de un Estado de Derecho. Y en este caso no se han preservado.  


Disparar al aire


Todas las entidades tienen la obligación de estar al día en sus responsabilidades sociales, es cierto, pero no lo es menos que la administración no puede disparar al aire con el ánimo de ver cuánto caza y a quién desenmascara. Tirar al aire siempre ha sido una insensatez. Y sobre todo es desproporcionado, como ya hemos dicho. Así lo comprendió el delegado del Gobierno cuando se atrevió a calificar el requerimiento como una carta informativa que no tendría efectos perniciosos sobre las sociedades musicales. Excusa baldía pues el propio documento está encabezado con la palabra “requerimiento” y el contenido de la misma está cargado de elementos administrativos y citas reglamentarias y legales que no permite, como ha hecho el delegado del Gobierno, no considerarlo como lo que es, un requerimiento. Quienes conocen el mundo y la evolución de las sociedades musicales saben de sobra el esfuerzo que se ha hecho durante décadas por acoplar la realidad societaria a la realidad social. Y se ha avanzado mucho, hasta llegar a la conclusión de que si hay alguna irregularidad es siempre producto del tamaño reducido de la sociedad, sus escasos medios, y sobre todo por la escasa financiación o porque se ha interpretado mal el concepto de servicio de voluntariado. Efectivamente, no es lo mismo una gran sociedad musical que una pequeña, y en todo caso, el tamaño y la realidad social deben de ser valores que la administración y el funcionario que la regente tienen que valorar; y en ningún caso inducir a la duda de manera colectiva.  


Miedo y ridículo


La propia FSMCV (Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana), que ha venido luchando para dignificar un fenómeno socio cultural de primera magnitud como son las bandas de música –fenómeno único en el mundo y sin parangón–, ha insistido, desde hace muchos años, en recomendar que todo se regularice, ayudando desde su estructura de asesoramiento jurídico y laboral. Lo que nos queda es la sensación de miedo y ridículo.Que un colectivo que agrupa a más de 40.000 músicos,  200.000 asociados, centenares de escuelas de música y que han convertido a las sociedades musicales en el más expresivo sentimiento de vertebración de los valencianos de las tres provincias; que vienen esforzándose en acoplar sus recursos propios a una financiación todavía insuficiente; que lo hacen desde el altruismo y la dedicación ciudadana, por su amor a la música, por la fe en su pueblo o ciudad, etc,  sea marcado, el colectivo, decimos,  en las paredes de nuestro país con el macabro cartel de “Wanted” como en las películas del oeste americano, es un desliz que dice poco bueno de aquellos a los que se les ocurrió o de aquellos que, si los hubo, lo instigaron.  

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